No sé a qué están esperando para que TVE cancele la emisión de una de sus grandes vergüenzas, «Entre todos». Desde distintos ámbitos se pide que se retire de la parrilla de programación de la cadena pagada con el dinero de todos. Y esta vez, el tema es serio. La Fiscalía del Menor ha actuado de oficio, pidiendo que se indemnice a un niño discapacitado con 15.000 euros por daños y perjuicios, por vulnerar su derecho a la intimidad familiar y su imagen.
Y es que un leve pixelado, muchos datos familiares como el nombre y la cara de su madre, la profesión de su padre, o médicos o escolares hacen que el pequeño sea fácilmente identificado. Por eso, este órgano judicial considera que no se protegió debidamente su identidad. Además, en el texto de la denuncia se alude a que se utilizó a un menor con fines mendicantes y conmiserativos. En palabras llanas significa que se pretendía dar pena, y de esta manera recaudar dinero. Una denuncia que es extensible no sólo al programa, sino, también, a la productora, Proamagna, que es quien está haciendo negocio gracias a la miseria de un país sumido en una profunda crisis económica y social, y a RTVE, por ser la cadena donde se emite. Y qué paradoja, encima, si pierden el juicio todos los españoles solidariamente, vía impuestos, pagaremos la multa. Aunque, a lo mejor sin pretenderlo estemos ayudando, en un última instancia, a este menor.
CARENTE DE ÉTICA PROFESIONAL
Intolerable que una televisión pública se preste a este juego, sobre todo, porque detrás de las numerosas voces, incluida la de sus propios trabajadores, que hablan de manipulación política y de falta de pluralidad, quizás, este espinoso asunto venga a dar la razón a estas críticas. De hecho, su presentadora y la dirección de «Entre Todos» se afana en que no se hable de política, y no se duda en callar a quien vierta alguna queja sobre la administración, y ocultar la realidad: los servicios sociales están desbordados y se ha dejado a las personas más débiles sin cobertura. Tan simple como eso.
Hasta 200.000 afectados por enfermedades graves y minusvalía no reciben ni un sólo euro de dinero público, sin embargo, si lo hay para pagar el escandaloso sueldo de su presentadora, que para colmo no para de meter la pata.
Me sumo a la denuncia pública de la periodista Mariola Cubells, que recoge el testimonio de una las personas desesperadas que acudió al programa de la mezquindad. Asegura que únicamente el programa te da un listado con los nombres de las personas de buena voluntad con sus números de teléfono, para que tú, pobre desgraciado, los llames sin tener para pagar las facturas, y que estos te den lo comprometido en una llamada telefónica. Esto es que te busques la vida como puedas. Y en cuanto, a las ofertas de trabajo, de empezar a trabajar inmediatamente, se pasa a mándanos el currículo que ya si eso lo miramos. Qué bien, viva la solidaridad, y la publicidad gratis para las empresas. 
Insisto una auténtica vergüenza, un descaro infinito, y ejemplo de como unos pocos se lucran a costa de la desgracia de la mayoría. Y por otro lado, a veces, me pregunto la otra cara de la moneda, cómo comprueban que los casos que se cuentan son verdad. Acaso, ahora los redactores son asistentes sociales que determinan la gravedad o la ayuda que necesitan, cual es el criterio de selección para las historias del programa, las que tienen la lagrimilla asegurada. Directamente, esto no tiene nombre, bueno, sí, ruindad.