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No existe unanimidad a la hora de medir la economía sumergida, pero, todos los estudios estiman que estamos muy por encima de la media europea. Algunos la cifran entorno al 20% y otros cercanos al 30% del Producto Interior Bruto. Según calculan los inspectores de Hacienda España deja de ingresar en las arcas públicas unos 90.000 millones de euros al año por esta razón. Y estos mismos técnicos denuncian que el 90% de los recursos y medios de la Agencia Tributaria se destinan a perseguir al trabajador y al autónomo cuando se estima que el 72% del dinero negro que se mueve pertenece a las grandes fortunas. Es más, este sindicato lleva años denunciando que ningún Gobierno quiere acabar con ella.

Siempre me acordaré de mi profesor de Sociología. Han pasado casi 20 años, y aún recuerdo su clase sobre la economía sumergida cuya conclusión era que los distintos gobiernos la consentían por aquello de la paz social. En aquel momento tenía que haberle preguntado cómo se calcula, pero, por timidez no lo hice. Pues bien, creo que ha llegado el momento de encontrar respuesta. Y añadir otro interrogante más, cómo ha ido evolucionando en estos años de crisis, cuando las arcas estatales se han visto mermadas, y como reacción nos han subido los impuestos a una población empobrecida o nos han recortado prestaciones básicas para una sociedad en vez de perseguirla si se conocía.

Evolución en los últimos años

Lo primero que sorprende que hasta en esta cuestión hay disparidad de criterios, y no todos los informes la cuantifican de igual manera. De ahí que algunos estudios la cifren mucho más alta que otros, pero, siempre hay constante que España está muy por encima de la media europea.

Por eso, citaré algunos de los documentos más serios que se han hecho al respecto. El más reciente es Informe Flexibilidad en el trabajo de la agencia de colocación Randstad que aborda los datos de 2014. Y aquí no hay sorpresas, nuestro reino no sale bien parado. El dinero negro representó 190.000 millones de euro, un 18,6% del Producto Interior Bruto. Tasa que duplica a la de otros países europeos.

Entre sus conclusiones se establece una clara relación entre economía sumergida y ‘trabajo negro’. Calcula que podrían existir hasta 3 millones de empleo no declarados. Algo que debería sonrojarnos, no por el trabajador que es víctima de un mercado laboral precario, si no porque no se persigue al empresario que se aprovecha de la situación. Es más, el trabajador se queda sin sus derechos laborales y legales, y además, tiene miedo a perder lo poco que tiene y se arriesga a una sanción por parte de la Administración. Incluso, en muchas ocasiones cuando llega una inspección de trabajo a una empresa, se crea un clima de sospecha sobre el propio trabajador, que acaba con él en la calle, como represalia ante la osadía de reclamar su contrato.

Pero, no nos engañemos, el Sindicato de Técnicos de Hacienda en 2011 afirmaba que hasta el 72% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y fortunas, así que no le echamos la culpa al que no la tiene. Incluso, aseguraba que el Estado dejaba de recibir 90.000 millones de euros al año. Demasiado dinero que hubieran evitado tanto recortes.

Además, entre los factores que la explicaría está una elevada corrupción en el sector público. Esto es una normativa que en cierto modo ayuda a que muchos opten por este camino.

Por otro lado, este mismo sindicato de técnicos de Hacienda a 29 de enero de 2014 habla que sea cual sea el dato de la economía sumergida en España, ésta se ha disparado durante la crisis. Y lo comprobamos en la información recogida en su informe «La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis» la sitúan el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según sus datos.

Aseguran que desde 2.008 el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales cuando la tasa de economía sumergida estaba en el 17,8% del PIB. Sin embargo, el máximo pico se alcanzó en 2009, con más de 27.000 millones de euros.

Para ellos la clave estuvo en dos factores ‘made in Spain’. Por un lado, el estallido del sector inmobiliario con lo que sus efectos conllevaron, y en cierto modo, unido a lo anterior, el espectacular crecimiento del paro, cuando se triplica la tasa del desempleo previa a la crisis. Y todo esto macerado en un caldo de subida de impuestos, que no fueron acompañadas por un efectivo control tributario y, por supuesto, la corrupción política y empresarial.

Lo más curioso de este informe era que los defraudadores tenían su propio billete. Ahora entiendo porque he visto tan pocos billetes morados. Creo que me sobrarían dedos de una mano si contara las ocasiones en las que lo he hecho. Llegué a creer que era una leyenda urbana, como lo de la Chica de la Curva. Los defraudadores utilizaban masivamente billetes de 500 euros. De hecho, por aquellos años su uso representaba en España el 73,7% del efectivo en circulación y un 14% de los que se manejaban en el resto de Europa.

Su cálculo

Como hemos visto son cálculos estimados que atienden a distintas variables, por eso, no siempre hay coincidencia en sus resultados, y no se sabe a ciencia cierta la cuantía real del dinero negro que se mueve en el Reino. En consecuencia, no hay una medición única y oficial, como reconoce el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Jaume García Villar.

Por eso, para hacernos una idea veamos algunas de las fórmulas que se emplean recogidas por la Fundación Estudios Financieros. Tenemos métodos directos como encuestas, cuestionarios o auditorías de impuestos. Junto a sistemas indirectos clasificados en no monetarios como discrepancias entre las rentas y el gasto, en el mercado laboral y métodos basados en el consumo eléctrico junto a los métodos monetarios como la relación entre el dinero en efectivo y los depósitos, las transacciones…Y finalmente, el denominado como el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Efectos), esto es una variable no observable, que no conocemos, como es la economía sumergida se determina a partir de un conjunto de variables observables de las que podemos obtener datos. O dicho de otro modo, entre las variables observables se encuentran la presión fiscal, la regulación estatal o la renta, y entre las variables indicadores, la tasa de participación económica, la demanda de dinero o la tasa de crecimiento.

Por ejemplo, podríamos estudiar un dato concreto como el número de trabajadores de la construcción que existen y las viviendas que resultarían de su esfuerzo. Esa diferencia podría ser achacada a la economía sumergida, porque si se construyen mucho más viviendas de lo que podría esperarse, la razón sería que hay albañiles trabajando en negro. O si el Gobierno recauda de IVA, un impuesto indirecto que pagamos cada vez que compramos algo, por encima de lo previsto, no hay duda, esa descompensación podría deberse a que se ha adquirido productos con dinero negro.

Razones para no actuar

Y volvemos al principio, si se sabe por qué no se actúa. En una entrevista al presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado se afirma con rotundidad que jamás ha existido voluntad política para erradicarla. Lo primero por los escasos medios de los que dispone la Agencia Tributaria. Y de ellos el 90% están dedicados a las pequeñas discrepancias, es decir, vigilan a los trabajadores, autónomos y pymes cuando el grueso del fraude está en las grandes empresas y fortunas.

Pero, también, habla de los puestos de libre designación, lo que impide la independencia de una institución de estas características. Además, en general tenemos una conciencia fiscal muy alejada del resto de Europa, pero, es algo más profundo que eso. «Todo esto unido a la sensación que los ciudadanos tienen de que los gestores han despilfarrado y los escándalos de corrupción no anima a contribuir con la Hacienda Pública. Más cuando vemos que las sanciones, por ahora, brillan por su ausencia.»

Por eso hay que diferenciar entre los que defraudan para poder sobrevivir, aquellos que si se les quita lo poco que tienen que perder saldrían a la calle para reclamar sus derechos, y los que, directamente, les puede la avaricia. En realidad, son los que forman parte de las intocables élites económicas, a los que los Gobiernos les hacen políticas expresas para favorecer sus intereses. Así que no de extrañar que ni socialistas ni populares como dice Cruzado se hayan tomado en serio esto de la lucha contra la economía sumergida.