Hay tantos casos de corrupción que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia asegura que el dinero ilegal suma unos 48.000 millones de euros. Entre los partidos que más corruptelas cuentan están los populares. Hay imputados que se quedaron con dinero destinado a la Cooperación en el Tercer Mundo, otros que aceptaron sobornos, y otros que cobraron comisiones por adjudicaciones dudosas. Los investigados han intentado defenderse diciendo que les tocó la lotería hasta en 9 ocasiones o que se trata de una conspiración contra ellos. Prácticamente sus tentáculos llegaron a todas las regiones españolas, en mayor o menor grado.
Cuando nos encontramos en un país que prácticamente a diario saltan a la luz nuevos casos de corrupción política que atañen directamente al Gobierno en funciones es conveniente repasar las tramas delictivas más escandalosas y recientes. Algunas de ellas se dilatan tanto en el tiempo que llevan años y años en los juzgados, por ejemplo, la Gürtel. Se destapó en 2007, y aún sigue coleando.
Son tantas que es fácil perderse en ellas, cuando la larga lista de personas imputadas por corrupción está formada por 1.900 nombres en total en más de 170 causas, a fecha de abril de 2015. Se calcula, aunque, es difícil de determinar que la corrupción nos cuesta unos 48.000 millones de euros, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Si bien es cierto que estas corruptelas proceden, también, de otras formaciones políticas. Pero, el partido que podría tener más causas abiertas es el popular.
La corrupción valencianaUna de las comunidades más afectadas por la corrupción de los populares es Valencia. Mención aparte merecen sus casos, donde se ha demostrado la falta de escrúpulos. Aún no está cuantificado el dinero que ha sido robado a los ciudadanos, pero, hay fuentes que hablan de que podría alcanzar hasta el 4% del PIB, más de 15.000 millones de euros. Repasemos los más sonados de la región.
Caso Imelsa
Uno de los casos más actuales tiene como protagonista a los populares valencianos. Se trata de Imelsa. Se investiga el cobro de comisiones de un posible 3%, blanqueo de capitales o la financiación ilegal de partido desde el pasado mes de abril.
Su origen está en una denuncia de una diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, que destapó esta posible trama. Se detectaron irregularidades en la empresa pública Imelsa de la Diputación, y de ahí su nombre.
Clave está siendo la figura del ex-gerente, Marcos Benavent. Fue mano derecha del presidente de la institución, Alfonso Rus, y en los últimos tiempos realizó una serie de grabaciones que pueden comprometer seriamente al PP. Por ejemplo, en una de ellas cuentan el dinero procedente de una supuesta comisión.
En esta última semana de enero de 2016, se ha dado un paso más en esta investigación con una auténtica macrorredada contra la corrupción, denominada Operación Taula. Se ha saldado con 8 políticos y 12 empresarios detenidos.
Tan grave es que el ex-presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha tenido que pagar una fianza de dos millones de euros. Recordad que este personaje fue avalado por el propio presidente en funciones, Mariano Rajoy.
Dentro del operativo, se llamará a declarar a unos 50 miembros del PP municipal de Valencia.
Como reacción desde el partido se ha anunciado que una gestora se hará cargo de la dirección de la formación en esta ciudad levantina. Incluso, se querellarán contra aquellos corruptos de su partido por dañar la imagen de esta fuerza política.
Caso Cooperación o Caso Blasco
Seguimos este repaso. Otro de los casos más llamativos, y quizás hasta cierto punto olvidado, fue el Caso Blasco. De nuevo, protagonizado por los populares valencianos. Entre 2008 y 2010, cuando era presidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps, fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalidad dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.
Las primeras detenciones se produjeron el 26 de febrero de 2012, y durante los meses siguientes fue aumentando el número de imputados hasta 27. Entre ellos, su máximo responsable, el ex-conseller, Rafael Blasco.
Se inició con dos denuncias, una realizada por la diputada Clara Tirado del PSPV-PSOE sobre las subvenciones concedidas por la Generalitat en 2008 a la Fundación CYES para Nicaragua. Esta subvención se utilizo supuestamente para la compra de pisos en Valencia por valor de casi 1 millón de euros.
La otra denuncia de Mireia Moià del grupo Compromis, por el entramado de empresas y organizaciones liderado por el empresario Cesar Augusto Tauroni.El dinero ilícito obtenido sirvió para la compra de apartamentos de lujo en Miami, yates, incluso, una avioneta.
También, se denunciaron otras irregularidades en un proyecto de construcción de un hospital en Haití, después del terremoto que asoló este país en 2010.
Caso Brugal
Y proseguimos en la comunidad valenciana, pero, ahora al sur, a Alicante, llegamos al caso Brugal. Se investigan sobornos, extorsión o tráfico de influencias en la adjudicación del servicio de recogida de basura en varios municipios.
Comenzaría en 2006, las detenciones llegaron en 2007. Los primeros imputados fueron 6 personas, 3 de ellas acabarían condenadas. En 2010 se retoma la investigación con nuevos imputados. Entre ellos, el presidente del partido popular y máximo responsable de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
En octubre de 2010, se acusa a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante del Partido Popular, de estar implicada en esta trama de corrupción. La razón, la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi. De nuevo, en 2012 se abriría una nueva fase con la imputación de otras 29 personas más por irregularidades en contratos públicos.
La trama iba más allá, hasta intentaron amañar partidos de fútbol. Las grabaciones telefónicas, también, están siendo claves en su instrucción.
Caso Fabra
Castellón no es solo conocida por su aeropuerto fantasma, sino por el caso Fabra. Es una causa antigua, estalló en el año 2003. Necesitó 10 años de instrucción y 9 jueces. Se investigó los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, en el que Carlos Fabra Carreras, el presidente de la Diputación, debería haber mediado políticamente para agilizar las autorizaciones administrativas de productos fitosanitarios, fabricados y comercializados por el empresario Vicente Vilar, a cambio de comisiones económicas.
Fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de multas por valor de 700.000 euros por delitos fiscales, que aún están pendiente de pago. Recordemos que como fórmula para justificar y blanquear su fortuna, Fabra dijo que le había tocado la lotería 9 veces en 12 años.
Caso Emarsa
Otro de los grandes casos del PP valenciano es el Emarsa. Se descubrió a finales de 2011, cuando a raíz de la liquidación de esta empresa pública de gestión de aguas residuales se comprobó que tenía un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial destapó que los gestores de Emarsa pagaron presuntamente cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes.
Unos 40 millones de euros que se dieron a unas 35 empresas. Algunas de ellas estaban vinculadas a directivos de Emarsa. Además, cargaban sus compras de artículos de lujo, comidas en restaurantes o viajes al extranjero con toda su familia. Se calcula que el fraude total podría superar los 30 millones de euros. Incluso, los directivos cobraban sueldos millonarios y tenían personas en nómina que solo pasaban por sus oficinas para cobrar.
El personaje más destacado de esta trama es Enrique Crespo que era alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia.
La corrupción de las Islas BalearesOtro de los puntos calientes del mapa son las Islas Baleares se contabilizan más de una decena de casos de corrupción. Entre ellos, destaca el Palma Arena. Una trama tan compleja que se ha separado en 25 piezas.
Se inicia en octubre de 2007 a raíz de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas. Éste afirma que el anterior gobierno autonómico del Partido Popular, presidido por Jaume Matas, había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo, Palma Arena, casi el doble de los 48 millones presupuestados.
En 2008, comenzará la instrucción judicial por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho en relación a la construcción del pabellón.
Entre los imputados, el cuñado del Jefe del Estado, Iñaki Urdangarin y su hermana, Cristina de Borbón, encausados el 29 de diciembre de 2011 por la presunta ilegalidad de los convenios firmados entre 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido por él, y el expresidente balear y exministro del PP Jaume Matas.
La corrupción de la comunidad de MadridAl llegar a la comunidad de Madrid, destacan dos grandes tramas, la Gürtel y la Operación Púnica. Aunque, también, hay que contar un caso menor como es el Porto.
Gürtel, y su red
La primera de ella, la Gürtel, aunque, sus ramificaciones, también, se extienden a Valencia. Gürtel es como se dice en alemán el apellido del cabecilla, Francisco Correa.
Se inicia cuando el 6 de noviembre de 2007, José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama corrupta, según los últimos informes de la policía. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones. Éste fue el punto de partida hasta que en febrero de 2009 la Fiscalía lo denunció ante la Audiencia Nacional.
No sería hasta 2015 cuando se celebrará la primera sesión del juicio, aunque, a los pocos días se decidía aplazarlo hasta junio cuando ya hubieran pasado las elecciones autonómicas y locales.
En cuanto, al modo de actuar esta trama gira entorno a Correa y sus tres hombres de confianza, Álvaro Pérez Alonso apodado «El Bigotes», Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Se sospecha que este grupo habría creado un conglomerado de empresas que se financiaban con dinero púbico, en especial, de algunos ayuntamientos y gobiernos autonómicos donde los populares eran sus responsables.
De esta manera, supuestamente conseguían saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habían afectado a sus negocios. Organizaron eventos para el partido durante los años de Aznar. Se supone que sobornaban a funcionarios y políticos, a través de regalos, por ejemplo, para lograr sus objetivos.
Operación Púnica
Otro de los casos de la comunidad de Madrid que más ha impactado sobre la opinión pública es la Operación Púnica. El 27 de octubre de 2014, fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar implicados en una trama de corrupción. Presuntamente se adjudicaron servicios púbicos por valor de 25o millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales. El dinero era blanqueado a través de un complejo entramado de sociedades. Entre los detenidos se encuentran Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid.
Las autoridades comienzan a sospechar de él cuando Suiza informa que tiene una cuenta en este país con 1,5 millones que trata de sacar de una vez. Se le encarga investigar la procedencia de esta fortuna al juez Velasco, y se descubre su posible origen ilegal.
Otras comunidadesPrácticamente la presunta corrupción de los populares llega a casi todas las comunidades. Por ejemplo, aunque, en Andalucía el Partido Popular nunca ha contado con demasiados respaldos, tenemos el caso Arcos o Troya. En Galicia, el caso Baltar o el caso Pokemón. Tampoco, se salva la región murciana con un caso, el Umbra. Una la presunta trama de corrupción urbanística. En Asturias las filas populares, también, se se han sentado ante el banquillo por el caso Aquegest. Y en las Islas Canarias, tenemos Faycán y Catis.
Casos de impacto nacionalPero, además, los populares tienen abiertas causas de ámbito nacional, como son los papeles de Bárcenas, que ha acabado imputando a todos los tesoreros del Partido o el más actual, destapado hace unas semanas, Acuamed.
Los papeles de Bárcenas
Quizás, una de las corruptelas que más dolores de cabeza han causado a Rajoy es la Contabilidad B o Papeles de Bárcenas, entre las nuevas investigaciones generadas de la Gürtel está la de los ex-tesoreros del PP.
Presuntamente, las concesiones de las obras y otras adjudicaciones se han dado a dedo a empresas que han entregado donaciones a los populares. De ahí se habrían pagado sobresueldos a los dirigentes del partido, según Luis Bárcenas.
Recordemos que fue imputado en 2009, pero, su causa fue archivada por el juez Antonio Pedreira, que dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones en un auto del 29 de julio de 2011, pero fue reabierta por la Audiencia Nacional en marzo de 2012.
El 18 de enero de 2013, el periódico el Mundo publicó que supuestamente ex-tesorero habría pagado sobresueldos de entre 5.000 a 15.000 euros en dinero negro. Y el 31 de enero de ese mismo mes, el diario El País una presunta contabilidad B de su partido, cuentas opacas que habría estado llevando esta formación desde 1.990 hasta 2.009, en la que se implicaba al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El día 27 de junio de 2013 Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para “evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba”. El día 21 de enero de 2015, el extesorero reúne la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez para salir de prisión y lo hace al día siguiente.
Por el camino la policía, se registró la sede de Génova en busca de pistas. Finalmente, el pasado 23 de marzo se cerró la instrucción de este caso, donde, además, se atribuye delitos fiscales por la reforma de la sede central de la formación y por aceptar donativos ilegales al PP, y se recuerda que está pendiente la investigación del porqué se destruyeron los discos duros de Bárcenas, custodiados por el partido.
Acuamed
Uno de los casos más recientes es el de Acuamed. Aguas de las Cuencas del Mediterráneo S. A. es una empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que estaba destinada a la contratación, adquisición y explotación de toda clase de obra hidráulicas.
Su ámbito de actuación, por tanto, se circunscribe a las cuencas de ríos como el Segura, el Júcar o el Ebro, a la cuenca Mediterránea Andaluza y a las cuencas internas de Cataluña. Gestiona más de 100 proyectos, según su web corporativa. A mediados de este mes de enero, recibió la visita de la Guardia Civil para proceder al registro de sus principales sedes.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga la presunta adjudicación fraudulenta de obras así como la supuesta falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.
Las detenciones se llevaron en Madrid (8), Barcelona (3), Valencia (1) y Alicante (1). Se envía a 5 personas a prisión, entre ellos el máximo responsable de Acuamed, Arcadio Mateo.
Cuatro días más tarde, dimite Federico Ramos de Armas, número 3 de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, por su presunta implicación. Antes de ocupar el puesto de subsecretario de Presidencia fue secretario de Medio Ambiente. Se sospecha que participó en las reuniones donde se pactó con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) una compensación indebida de 40 millones de euros.
A cambio de desaladoras y pántanos, supuestamente, recibían sobornos que iban desde implantes de pelo, viajes a Turquía o trabajo para sus familiares.
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