La OCDE da la razón aquellos que llevan años denunciando que se destinan escasos medios para luchar contra la economía sumergida en España. Únicamente el 0,11% del PIB va dirigido a este fin. Una cantidad demasiada pequeña como atestigua que países como Hungría gasten hasta cuatro veces más que nuestro Estado en acabar con el dinero negro.
España no está haciendo todo lo posible para luchar contra el fraude fiscal. Esta conclusión tan rotunda procede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es el resultado de su último informe denominado TAX Administration 2015. En él se han estudiado los sistemas tributarios de 56 economías desarrolladas y se ha podido comprobar los escasos recursos que nuestro Estado destina a acabar con la economía sumergida, aquella que no tributa. De hecho, un país como Hungría, por ejemplo, invierte, en este sentido, cuatro veces más que nuestro Gobierno.
A pesar de que hay cálculos que sitúan el dinero negro que se mueve en nuestro Reino entre el 19% y el 23%, incluso, otros cercana al 25% del Producto Interior Bruto. Es decir, practicamente la cuarta parte de la riqueza que se genera no paga ningún tipo de impuestos. Es más, hace unos cuatro meses, el ex-presidente de Inspectores de Hacienda, Julio Ransés, afirmaba que las arcas del Estado dejaban de recaudar unos 200.000 millones de euros anuales por este concepto.
Otra de las pruebas contundes que demuestran esta dejadez en la obligación de un Gobierno en perseguir el fraude fiscal es que en los últimos años se ha ido reduciendo poco a poco el dinero destinado. Cuando se estima que por cada euro invertido en combatirlo se consigue recaudar entre 14 a 15 euros.
Además, otra de las pistas que nos llevan hacia la afirmación inicial se refiere al número de funcionarios cuya misión es luchar contra el dinero negro. De nuevo, España se queda muy lejos del resto de países de nuestro entorno. Aunque, este dato nos puede llevar a la confusión, ya que lo importante es la ratio. Osea, estados con una población mayor debería tener, también, una plantilla superior. No obstante, sobre 46,7 millones de españoles contamos con 26.962 trabajadores.
La misma cantidad que Bélgica con 11 millones de habitantes. Francia tenía 115.411 inspectores para 66 millones de personas, y Alemania con 80 millones de ciudadanos cuenta con 110.382 empleados en la administración tributaria.
Así que está claro que de nuevo chocamos con la falta de voluntad política para acabar con un problema endémico, y no nos engañemos los propios técnicos de Hacienda llevan años denunciando que los verdaderos dueños del dinero opaco no son los trabajadores que, en ocasiones, no tienen otro remedio para sobrevivir, sino las grandes fortunas que acaparan hasta el 72% de estos euros negros. Y hasta el 90% de los recursos se destinan al perseguir al pequeño defraudador, no a los de la avaricia.
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