No es la primera vez que ocurre, ya anteriormente, las mismas asociaciones elevaron sus quejas a la ONU en esta legislatura. Califican la situación de insostenible, y piden que las Naciones Unidas actúen.
En este misma semana, dos asociaciones profesionales como son Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente junto a la organización de defensa de derechos civiles Rights International Spain han denunciado ante Naciones Unidas lo que consideran ataques al poder judicial por parte del Gobierno.
Lo han hecho a través de un escrito dirigido hacia la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas. Piden que actúen ante las «graves injerencias» que sufren los jueces en el desempeño de sus funciones. El Ejecutivo aseguran trata de influir de manera determinante en las decisiones judiciales, a pesar de que nuestra Constitución marca con claridad la separación de los poderes, como fórmula para garantizar la democracia. Incluso, solicitan una visita en misión oficial para que una delegación pueda comprobar lo denunciando por estos colectivos.
Es la segunda vez que han tomado esta medida en esta legislatura. Denuncian el reciente nombramiento del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Gobierno.
El Tribunal Supremo
Así, aseguran que el Ejecutivo con esta intromisión en las elecciones de los órganos judiciales podría querer evitar situaciones como la que se produjo cuando se anuló el indulto concedido por el Consejo de Ministros al conductor kamikaze de Valencia.
Les resulta sospechoso lo ocurrido, por tanto, en el Tribunal Supremo, al no producirse la renovación de José Manuel Sieira Míguez. Ha sido «un hito», la primera vez en la historia del Alto Tribunal que no ha se renovado a un Presidente de Sala para un segundo mandato, y esto a pesar de llevar 22 años de Magistrado del TS. Se ha hecho dicen sin dar ningún tipo de explicación.
En conclusión afirman:
«Según los estándares internacionales en la materia, para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional».
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Otro de los pilares de su queja ante la ONU es la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afirman pone en entredicho de nuevo la ansiada independencia. Son 9 las reformas introducidas por los populares, sin que se haya tenido en cuenta la opinión de los profesionales y sin una verdadera consulta a la sociedad civil.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Finalmente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija una serie de plazos para el desarrollo de las investigaciones judiciales. Aquí son claros, esta medida podría afectar a las largas causas sobre corrupción, porque impediría a los jueces investigar en profundidad los posibles hechos delictivos, transmitiendo un mensaje de impunidad a los españoles. Es más, el agilizar las instrucciones tan sólo se puede lograr con mas recursos tanto económicos como personales.
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