Justicia a paso de tortuga

Las causas de corrupción se llevan años y años en los Tribunales, por ejemplo, del Caso Malaya se tienen las primeras noticias en 2005 y no es hasta en noviembre de 2014 cuando una de sus imputadas y condenadas entra en prisión para cumplir su castigo, Isabel Pantoja. Son 5 años de instrucción, 3 de juicio y un año más para saber la sentencia. Mientras, hace unos días la Fiscalía ha solicitado que se separe en 200 piezas el Caso de los ERES, se considera inabarcable, y teme que los delitos prescriban por la demora en la investigación. Y de Gürtel llevamos ya más de 7 años, y cuando ha comenzado el juicio se suspende hasta después de las elecciones municipales.


 Sabemos que la justicia en España es lenta, y en especial en los casos de corrupción.De hecho, desde el poder judicial se reconoce y han sido muchas las ocasiones en las que se reclaman más recursos para acabar con este laxitud.  Entonces, La pregunta que surge es cuánto se  tarda en dictarse  una sentencia. 

No en todas la comunidades es igual

Vayamos por partes, para empezar, hay que saber que informaciones que recogen la prensa nacional hablan de que los jueces de cada región llevan su ritmo.Y para ello citan la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Son datos de 2013, ya que estos números son anuales y se elaboran una vez cerrado el año. Las medias dicen que los asuntos civiles están en los tribunales unos 7,6 meses, siendo los mercantiles los que se demoran más de 3 años, concretamente, 39,3 meses. 

Pero, no funcionan igual de rápidos en todos los rincones de España. Los juzgados civiles que más tardan son los murcianos, unos 11,1 meses, seguidos de los andaluces con 9,3 meses y valencianos con 9 meses. Por contra los más ágiles son los asturianos con un tiempo de 4,3 meses, en los de  La Rioja no suelen superar los 4,6 meses y los navarros suelen tardar unos 4,7 meses. 

En cuanto al ámbito penal, las diferencias son aún mayores. En las Audiencias Provinciales los magistrados tardan una media de 10,4 meses, prácticamente lo mismo que los Juzgados de lo Penal. En el caso de los juicios con jurado suelen resolver en unos 6 meses. Sin embargo, en País Vasco, Asturias y Extremadura se superan los 10 meses frente a los cuatro meses que tardan en Cantabria, Castilla y León y Andalucía.

Para conocer estos dados se ha tenido que estudiar la tasa de congestión. Y en esta medida se ha tenido en cuenta el volumen de trabajo que tienen soportar estos funcionarios. Se calcula dividiendo el número de causas pendientes a principio de año más las registradas en ese mismo período de tiempo por los asuntos resueltos. La media nacional nos da 1,3. Lo que nos lleva a que los más congestionados son los gallegos, valencianos, los murcianos y castellano manchegos.

Finalmente, para hacernos una idea más completa de este tema. En 2013 llegaron a los tribunales 8.636.016 casos. Se resolvieron 8.875.557, es decir, 240.000 causas más de las ingresadas, y los asuntos que siguieron en trámite fueron 2.680.933.

A pesar de ello, el Poder Judicial tuvo que reconocer que el 72% de los españoles consideraba que la Justicia española funcionaba mal o muy mal. Y sin ser un experto en la materia está claro que esto puede ser debido a la percepción que tenemos de que la justicia no es igual para todos, depende de tu dinero, si tienes buenos abogados demorarán los procesos. Y por un lado, porque es demasiado lenta, lo que se evidencia en los casos de corrupción, donde directamente no existen datos oficiales  claros que hablen de este tipo de medias. Es más, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, anunció que se podría en marcha una base de datos pública para informar sobre estos temas el pasado 13 de mayo, y de momento, no está abierta, como recogió la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social.

Según, la propia Fiscalía General del Estado debido a la complejidad de las causas, en las que suelen intervenir varias administraciones, y porque es difícil definir la tipología de estos delitos.Para este órgano la línea divisoria está en la propia naturaleza de los infractores, es decir, que catalogan como corruptos aquellos servidores públicos que se han servido de su posición para delinquir. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Últimos casos de corrupción 

Una vez visto el panorama general de la Justicia, centrémonos en las causas abiertas por corrupción en España. La prensa nacional a fecha de 20 abril de 2014 afirma que existen casi  1.700 causas abiertas por corrupción, más de 500 imputados, de los cuales 144 pertenecen a los  ERES de Andalucía, y tan sólo una veintena de personas cumpliendo condena en la cárcel.

Pero, a estas cifras hay que sumar el denominado octubre negro del  PP, donde día sí y día no  saltaba a la luz pública algún caso nuevo protagonizado por el partido del Gobierno. Ese mes se cerró con 141 investigados más.  

Por lo que la cifra se quedó en 1.900 imputados y 170 condenados, aunque, ya intuimos que casi ninguno está  en prisión, bien  porque pagaron multas o porque las penas eran insuficientes para entrar o tenían  más causas pendientes de juicio.

Conocimos el caso de las Tarjetas Black, con los consejeros de Bankia que se gastaron 15 millones de euros de manera irregular en plena crisis financiera, entre ellos, Rodrigo Rato. El ex-secretario general de los populares, Miguel Ángel Acebes, fue imputado por apropiación indebida, por la compra de unas acciones de Libertad Digital, y resucitó el caso Bárcenas. El hijo menor de los Pujol, Oleguer Pujol, fue detenido por unas horas para facilitar el registro de su casa y evitar que destruyera pruebas. Está acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Se desataba la Operación Púnica, con un total de 53 implicados y 37 detenidos, entre ellos el exnúmero dos del PP madrileño de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, seis alcaldes, cargos políticos y empresarios. Un estudio de la Universidad de las Palmas cuantificó en 40.000 millones de euros anuales el impacto económico de la corrupción en nuestro Reino.

Pero, en este mismo  mes en curso las alarmas han vuelto a saltar. Ahora, de nuevo,  con nombre propio, Rodrigo Rato, ministro del Gobierno de Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional,  por supuestamente ocultar dinero a Hacienda, tras acogerse a la amnistía fiscal de Montoro. Es la tercera investigación, en la que se ve envuelto porque recordemos que también, está bajo sospecha por la salida a bolsa de Bankia.

Encuentro Financiero Bankia 2012. Autor: La Moncloa. Gobierno de España

Encuentro Financiero Bankia 2012. Autor: La Moncloa. Gobierno de España

 Ejemplos de casos de corrupción se que eternizan 

Tras esta presentación de los últimos casos más sonados de corrupción, pasemos al ranking de los causas judiciales que más se han dilatado en el tiempo con instrucciones que se eternizan. Para ello, acudimos al Corruptódromo, que nos da pista sobre algunos de ellos. 

La Gürtel, apellido del supuesto cabecilla en alemán, Francisco Correa,   se inicia cuando el 6 de noviembre de 2007, José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción,  tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama corrupta, según los últimos informes de la policía. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones. Éste fue el punto de partida hasta que en febrero de 2009 la Fiscalía lo denunció ante la Audiencia Nacional.  

No ha sido hasta el 31 de marzo de 2015 cuando se ha celebrado la primera sesión del juicio, pero ojo, en la segunda vino la sorpresa, cuando se ha decidido aplazarlo hasta el 11 de junio de este año, justo el mismo día en el que está previsto la constitución de las Nueva Corte Valenciana, elegida de los comicios del 24-M. Así, entre otras cuestiones se evita que declaren dos ex-conselleras en medio de la campaña electoral, ya que estaban previstas para el 15 de mayo. De momento, han pasado ya casi 7 años y seguimos esperando. Lo peor es que existen otras cinco piezas separadas de este caso.

Autor: Isacar Marín. Todos a la cárcel

Autor: Isacar Marín. Todos a la cárcel

Quizás, la más llamativa es la Contabilidad B o Papeles de Bárcenas,  entre las nuevas investigaciones generadas de la Gürtel está la de los ex-tesoreros del PP. Presun­tamente, las concesiones de las obras se han dado a dedo a empresas que han entregado donaciones a los populares. De ahí se habrían pagado sobresueldos a los dirigentes del partido, durante 2009 y 2010, según Luis  Bárcenas.

Recordemos que fue imputado en 2009, pero, su causa fue archivada por el juez Antonio Pedreira, que dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones en un auto del 29 de julio de 2011, pero fue reabierta por la Audiencia Nacional en marzo de 2012

El 18 de enero de 2013, el periódico el Mundo publicó que supuestamente ex-tesorero habría pagado sobresueldos de entre 5.000 a 15.000 euros en dinero negro. Y el 31 de enero de ese mismo mes, el diario El País una presunta contabilidad B de su partido, cuentas opacas que habría estado llevando esta formación desde 1.990 hasta 2.009, en la que se implicaba al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El día 27 de junio de 2013 Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para “evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba”. El día 21 de enero de 2015, el extesorero reúne la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez para salir de prisión y lo hace al día siguiente. Por el camino la policía, registró la sede de Génova en busca de pistas.

Finalmente, el pasado 23 de marzo se cerró la instrucción de este caso, donde, además, se atribuye delitos fiscales por la reforma de la sede central de la formación y por aceptar donativos ilegales al PP, y se recuerda que está pendiente la investigación del porqué se destruyeron los discos duros de Bárcenas, custodiados por el partido.

Dos años se ha demorado la investigación. Ahora, con este auto, el juez  da la voz ahora al fiscal, que debe presentar su escrito de acusación, tras lo cual, con toda probabilidad, se fijará la fecha para el juicio oral. En consecuencia, aún nos queda un largo periplo.

Autor Imagen: IU

Autor Imagen: IU

Los ERES de Andalucía

Y quizás el otro gran caso de corrupción política al que ya nos hemos acostumbrado a oír noticias, sin reparar en ellas, atañe a los socialistas andaluces. Su origen está en una investigación de corrupción de una empresa, Mercasevilla, donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas, en 2003, aunque éstas se descubrieron muchos años después. Inicialmente, se estaba investigando un caso de cohecho de esta empresa municipal. El Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, recibió una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía para este propósito. El empresario se vio sorprendido por dos personas que le exigían la mitad de la subvención, a cambio de garantizarle posteriormente una subvención para dar cursos de formación.

A partir de ahí se fue tirando del hilo, salieron a la luz presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de Mercasevilla a través de un concurso público supuestamente amañado de lo que se derivó un sumario aparte, es el caso llamado el  de  los Terrenos . Un tercer sumario se centra en las irregularidades que pudieron haberse cometido en los ERE solicitados por Mercasevilla en los años 2003 y 2007, y también, se investiga la concesión de subvenciones a empresas en crisis. La instrucción comienza el 16 de marzo de 2011 y dura hasta la actualidad.

El 10 de septiembre de 2013, la juez Mercedes Alaya publica un auto en el que instruye derechos como imputados a los expresidentes andaluces Griñán y Manuel Chaves, y de los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera, permitiéndoles presentarse en la causa y designar a sus abogados defensores. Todos ellos son parlamentarios autonómicos o nacionales, lo que conlleva que, debido a su aforamiento, deben ser juzgados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.  En su auto, la juez determina “cierta carga incriminatoria […] de prevaricación y malversación” de los fondos públicos”.

La cosa va para largo, hasta el punto que este pasado 19 de abril la Fiscalía ha solicitado que esta causa se divida en 200 partes, porque consideran que es inabarcable. Cuenta con 272 imputados, 300.000 folios y varios años años más de instrucción por la complejidad del caso. Y además, temen que los delitos prescriban. 

 Caso Malaya

Como hemos visto los grandes casos de corrupción llevan años y años, y aún no están cerrados. Por eso, analicemos uno que sí ha finalizado tanto la fase de instrucción, como el juicio, y ya se están cumpliendo las sentencias. Comprobemos cuanto tiempo ha pasado desde sus inicios hasta que los culpables están en prisión. Paradigma de lo que estoy hablando es el Caso Malaya. 

Las primeras investigaciones se remontan en noviembre de 2005. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas,  se llama Ballena Blanca. Se destapa una de las mayores redes de blanqueo de dinero. La primera fase de Malaya comienza el 29 de marzo de 2006. Se saldó con 29 detenidos y la incautación de bienes valorados en  2.600 millones de euros. El cabecilla es  Juan Antonio Roca, ex-asesor  de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

La segunda fase llega el 14 de noviembre de 2006, cuando se detienen a 14 personas más, entre ellos, la ex-mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar y el ex-presidente del Sevilla, José María González de Caldas. Posteriormente, se suceden los nombres de nuevos imputados hasta el 2 de mayo de 2007 cuando es detenida una de las más conocida mediáticamente, me refiero a la tonadillera Isabel Pantoja. Al dia siguiente sale tras pagar una fianza de 90.000 euros.

El 21 de septiembre de ese mismo  mes el nuevo juez  Óscar Pérez abre una pieza separada a la cantante. En 2009 la causa ronda el centenar de imputadosa. En 2010, la  Audiencia de Málaga concede a Roca la libertad provisional por el “caso Malaya”, al cumplirse el plazo máximo establecido por la ley, pero la condena por el “caso Saqueo” le impide abandonar la cárcel.

 Y el 27 de septiembre  de 2010  comienza el macrojuicio e la Ciudad de la Justicia de Málaga. Han pasado cinco años desde los primeros pasos en la instrucción hasta que los acusados se han sentado en el banquillo.

Pero, hay más. Casi dos años después terminan las sesiones, el juicio queda visto para sentencia el 30 de julio de 2012. Un año después, el 4 de octubre de 2013 se hace pública, 3 años después de que se iniciara se conocen, por fin, las condenas. LLevamos 8 años en los tribunales en total por este asunto. Recordemos que el periplo judicial de Pantoja comenzó en 2007, con su detención, pues bien, no fue hasta noviembre de 2014 cuando ingresó en prisión para cumplir su condena, 7 años después.

 

Esto son sólo ejemplos que nos ayudan a comprender la situación actual de la justicia española, y como se encuentra desbordada. De hecho, insistir que se están haciendo intentos para mejorar su situación y acortar estos tiempos, como la tramitación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha despertado multitud de críticas, incluso, desde el ámbito judicial. Aunque este es un debate que se nos escapa a los no entendidos. Es más, se ha puesto en marcha una nueva unidad de apoyo para los juzgados que llevan a cabo investigaciones de corrupción, para tratar de agilizarlo.

Fuentes y referencias

 1. Memoria del Poder Judicial 2014

2. Delitos económicos, delitos rentables

3. Balance de la evolución de la criminalidad. 2010

4. Resumen de actividad de la Fiscalía General del Estado. 2011

5. Corrupción en España

6. La Gürtel

7. Los Papeles de Bárcenas o la Contabilidad B del Partido Popular

8. Casos de Corrupción en España

9. Los ERES de Andalucía

10. Caso Malaya

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Delitos económicos, delitos rentables

Más de 1.100 investigaciones está realizando la policía nacional contra la delincuencia económica en este 2014. En principio parece un trabajo eficaz, y lo será, pero la realidad es que en este tipo de delitos se engloba la corrupción, y esto es harina de otro costal. Ya que son muy pocos los delincuentes que acaban en la cárcel por esta cuestión. Las pesquisas previas se alargan durante años, y la propia Unión Europea reconoce la opacidad en la toma de decisiones y en las explicaciones que hay que dar. España se ha convertido en un país corrupto reconocido por sus socios de la Comunidad, debido al boom inmobiliario, la financiación de los partidos y la presencia de los políticos en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro. El 95% de los españoles considera que la corrupción es generalizada.


Durante lo que va de año la Policía Nacional ha iniciado más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica. Han sido  unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, la receptación y fraudes al ente público y contra la propiedad industrial. Datos llamativos que me da pie a preguntarse una serie de cuestiones, cómo si estos números han aumentado en los últimos años o no, por ejemplo, cuántos de estos presuntos delincuentes han acabado en la cárcel, cuánto dinero se recupera…

De la misma información se desprende que en Europa los delitos económicos representan algo más del 1% de la delincuencia, pero genera más del 50% del coste de la actividad criminal. Por tanto, esto es,  que este tipo de delitos son lo demás rentables que existen. Sus estafas son millonarias. Será España en este sentido líder europeo, veremos.

Corrupción

Vayamos por partes, uno de los delitos  que más escandalizan a los ciudadanos y que se engloba dentro de esta categoría es  es la corrupción.  De hecho, en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas se sitúa en el tercer puesto en cuanto a las preocupaciones de los españoles. Un porcentaje que lleva creciendo desde hace meses. El punto de inflexión se produjo en diciembre  de 2012, pasando de un porcentaje más o menos estable entorno al 9,5%  al 17,2% por el Caso Noos  y en dos meses esta tasa alcanzó el 40%, debido a la relación que establecieron los medios de comunicación entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy.

En este sentido, según fuentes policiales  desde 2010 hasta ahora se han iniciado 306, 67 en este año,  21 de ellas en Cataluña, liderando estas comunidad a nivel nacional. Se han detenido a 104 personas en todo el territorio, y un 21% pertenecen a la región catalana. 

Es más, el delito más investigado en este ámbito ha sido el cohecho, la mitad de las investigaciones, seguido de malversación, prevaricación y el tráfico de influencia. Todos ellos, protagonizados, lógicamente, por políticos y funcionarios.

Y de estos millones robados del heraldo público tan sólo se han recuperado 19 millones de euros. Una cantidad algo ínfima teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los ERES de Andalucía se calcula que el fraude pudo llegar a los 136 millones de euros, según la prensa nacional.

Comparativa por años

La propia Fiscalía General del Estado reconoce la dificultad por establecer unos datos comparativos por la complejidad de las investigaciones en las que suelen intervenir varias instituciones, unido a que las causas se prolongan durante años, incluso, a veces, es una tarea ardua definir que casos se incluyen en la tipología de corrupción. Para este órgano la línea divisoria está en la propia naturaleza de los infractores, es decir, que catalogan como corruptos aquellos servidores públicos que se han servido de su posición para delinquir.

En su informe anual de 2013 recoge que las sentencias relativas a casos de corrupción se incrementaron desde 2010 a 2012 en un 151%. La prevaricación administrativa representó un 44% de los casos enjuiciados y la malversación un 39%.

Imagen procedente del Informe 2013 de la Fiscalía del  Estado

Gráfico procedente del Informe Anual de la Fiscalía General del Estado

 

Situación 2013

Cómo ya hemos visto es difícil encontrar datos concretos sobre los delitos económicos. Tanto es así que la propia Fiscalía Anticorrupción reconoce en las últimas memorias de actividad publicadas en 2011 dice literalmente:

“Una vez más debemos lamentar que a día de hoy no dispongamos todavía de un sistema informático integrado que nos permitan reflejar de una forma clara y precisa las estadísticas de nuestra Sección. Únicamente el celo (y a veces el denodado esfuerzo de algunos compañeros que como el de Badajoz han creado un Libro Registro de Delitos Económicos) de los Fiscales, permite un acercamiento no del todo fiable en su exactitud, a la evolución de la delincuencia en la materia”.

Aún así buceando en la red, he hallado datos de 2013 que la prensa nacional recogía el pasado 25 de abril de ese mismo año. Y que los compararemos con los de 2014. Así los tribunales investigan 1.661 casos por corrupción política y financiera, de los cuales 302 son catalogados como macroprocesos.

Estaban siendo tramitados por 798 juzgados. Y en esta información se recogía una queja del Consejo del Poder Judicial donde  se proponía para agilizar estos largos procesos, que se dilatan en el tiempo, nombrar a 64 jueces de  refuerzo, junto a 18 secretarios más y 150 funcionarios de distintas categorías. Hablan de sobrecarga de trabajo.

 

Causas

En cuanto a las causas, según se recoge en dicho estudio, el origen parece estar en la corrupción urbanística en los ayuntamientos. Puesto que es un campo propicio para la comisión de este tipo de hechos delictivos: están en juego licencias de edificaciones, recalificaciones de suelo, entre otros cuestiones. Por otro lado,  la Fiscalía Superior de Andalucía llega más allá, y las atribuye literalmente a otros factores como la gestión de fondos públicos y la posibilidad de obtener dinero a través de las subvenciones, aludiendo de manera indirecta a uno de las casos más escandaloso como es el de los Cursos de Formación. También, lo atribuye a la opacidad en estos trámites burocráticos.

También, introduce un apartado especial a la venta de las preferentes y a la deuda subordinada. Esto es,  a los tejemanejes de las Cajas de Ahorro  donde en sus consejos de administración estaban desde representantes políticos a sindicales, y que han provocado la ruina de miles de pequeños ahorradores.

 

En el contexto europeo

De momento, España se consolida como unos de los países europeos  con mayor corrupción. Lo dice la Comisión Europea en un su primer informe sobre este asunto publicado el 3 de febrero de este mismo año. Tanto es así que que este estudio recoge que el 95% de los españoles considera que la corrupción es generalizada, frente a la media europea del 77%.

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Y no es para menos, teniendo en cuenta que la corrupción cuesta a las arcas de la Unión Europea 120.000 millones de euros al año. Por ejemplo, en este sentido  sólo en Alemania este tipo de delincuencia ha costado 4.000 millones. Sólo el fraude relacionado con el IVA superó los 193.000 millones de euros.  En cuanto a las cantidades defraudadas en la Seguridad Social en España en 2014 ascienden a 111 millones de euros. Uno de cada 3 europeos declara haber sido víctima de delitos económicos.

En lo referente a las prácticas corruptas en nuestro país habla del desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública. Es decir, coincide con el citado anteriormente informe de la Fiscalía del Estado, y añade el capítulo oscuro de la financiación de las formaciones políticas. Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total ascendía a 227 millones de euros, algo posible, teniendo en cuenta que los Consejos de Administración estaban llenos de representantes de los partidos.

En 2012 y 2013 se reforzaron las normas sobre financiación, por ejemplo obligando a notificar las donaciones superiores a 50.000 euros y se prohibieron las condonaciones de deuda de más de 100.000 euros anuales. Medidas que Bruselas considera insuficientes.

En lo referente al boom de la construcción, se recoge que en 2011 se incoaron 1.754 procesos judiciales y se dictaron 408 condenas. Aproximadamente cerca de 700 municipios de los 8.000 que conforman nuestro país se vieron afectados por casos de esta naturaleza entre 2000 y 2010, mientras que en los últimos tres años 19 alcaldes de todos los colores políticos han sido detenidos por cargos de corrupción.

Y un  dato bastante significativo entre 1996 y 2009 los medios de comunicación de hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. Y eso que aún no habían saltado a la luz pública los grandes casos como el del tesorero del PP Luis Bárcenas o el de la familia Pujol.

Viñeta de JR.MORA

Viñeta de JR.MORA

Finalmente,  en relación  a la eficacia del Gobierno ante casos de corrupción, España se sitúa a partir del puesto 14 entre los países de la UE. Es decir, España está por detrás de los grandes países de la UE y los nórdicos. Sólo supera a los del este y se sitúa en el contexto de Grecia, Portugal o Malta.

Sin olvidarnos que en el estudio que la ong Transparencia Internacional sitúa España en el puesto 40º por estas cuestiones, de los grandes países europeos tan sólo supera a Italia que ocupa el 69º, ni siquiera está por detrás de Portugal que se ubica en el puesto 33º.

Dinero recuperado por Hacienda por fraude fiscal

Aunque son ámbitos distintos de actuación, pero, para tener una visión más global de este problema, hay que distinguir entre las actuaciones policiales relacionadas con los delitos económicos y las actuaciones del Ministerio de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal. Así, en este caso se refiere a actuaciones en las aduanas o dinero debió aparecer en las declaraciones, y sus respectivas multas administrativas. En este caso,  las cifras se disparan, y esos 19 millones nos parecen insignificantes.

Para entenderlo mejor, en las últimas Memorias Anuales de la Agencia Tributaria de 2012, nos encontramos que en su lucha contra los delitos por fraude detectados por por este organismo 102 eran por blanqueo de capitales. Esto es que de las irregularidades investigadas por la policía, lo más lógico que el dinero de los delitos derivados por cohecho se tenga que blanquear, y aquí, Hacienda tiene mucho que decir.

 Penas de cárcel 

Y el dato más desolador de los que hasta ahora hemos visto, tan sólo el 1% de los acusados por delitos económicos acaba en prisión cumpliendo condena. Dicho de otro modo, 615 de los 64.000 reclusos que están en la cárcel lo están este tipo de infracción, según los datos que maneja la Agencia Tributaria.

De esta ínfima cifra, se deduce que  87 están  por blanqueo de capitales, 300 por apropiación indebida, 50 por alzamiento de bienes, otros 150 por delitos contra la Hacienda Pública, 12 por fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, otros 12 por contrabando,  4 por delitos societarios y 200 por delito fiscal en primer o segundo grado.

Las penas van desde 1 a 5 años, y los que se vean agravados por pertenencia al crimen organizado de 2 a 6 años, según el Código Penal.

Conclusiones

Al final la realidad es obstinada y siempre sale a la luz, a tenor de estos números está claro que en España parece muy barato delinquir en cuanto a lo que se refiere a los delitos de corrupción. El panorama es desolador, sobre todo, cuando tan sólo un 1% van a la cárcel por esta causa. Incluido hoy el ex-alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que dormirá esta noche en la prisión de Puerto Real.

Parece que ante la saturación de escándalos políticos nos hubiéramos inmunizado, y ya  poco nos indignan, y si lo hacen será por unos días.Cada día aparecen casos nuevos, y cada vez más graves, se dilatan tanto en el tiempo  y son tantos que la opinión pública olvida de que se trata. Es prácticamente imposible seguir las investigaciones, y acabamos perdiéndonos. Buen ejemplo de ello es la Gurtel y Barcenas.

De nuevo, hace pocas horas que se ha sabido que el juez Ruz recibió un informe de la Agencia Tributaria donde se reconoce que el Partido Popular financió las obras de su sede con dinero de la caja B, concretamente, 1,7 millones de euros en total. Lo curioso, y por si no habíamos caído en la cuenta, el partido que está en el Gobierno.  Sin embargo, no rueda ninguna cabeza más, tan sólo la del ex-tesorero.

Eso sí,  todos somos conscientes de la putrefacción de las instituciones públicas, y de la limpieza necesaria en ellas .No basta con dimisiones o expulsiones de los partidos sino que tienen que pagar en cárcel y devolver lo robado. Es ahí, donde está el punto débil. Y por supuesto, llegar hasta el final porque da la sensación que los que pagan de alguna manera son las cabezas de turco, no llegando al meollo de la trama. Con unas investigaciones llenas de trabas políticas y falta de medios, recordemos el caso del juez Elpidio Silva que ha acabado inhabilitado y Blesa, de momento, en la calle.

Referencias

(1.) Nota de prensa policía nacional

(2.). Cis

(3.) Informe de criminalidad Ministerio del Interior PDF

(4.) Comisión Europea inglés

(5.) Transparencia Internacional PDF

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