Aquí, la paradoja de los medios públicos

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El Gobierno quiere intervenir la televisión pública catalana, alegando razones como garantizar una “información veraz, objetiva y plural” para los catalanes. Pero, muchas voces le recriminan que no tiene autoridad moral para hacerlo. Entre ellas, la de los propios trabajadores de RTVE que están hartos de denunciar la manipulación sistemática de sus informaciones, antes las presiones que reciben.

Los trabajadores de la  televisión  y radio pública española han vuelto a denunciar una vez más, lo que llevan años y años batallando, las presiones políticas que sufren. Sus 3 Consejos Informativos señalan que, precisamente, el Gobierno no tiene la legitimidad moral para que ahora defienda una “información veraz, objetiva y equilabrada” en  TV3, cuando la televisión de todos los españoles, incluidos, los no votantes del PP, adolece de estas premisas básicas en el ejercicio de la profesión.

 

 

Hablan de “paradoja“, y no es para menos. Son reiteradas sus denuncias ante la “manipulación sistemática”, reconocida por los propios trabajadores,  con la que se informa en TVE. Y más en los últimos meses en relación a la situación de la propia Cataluña. Por ejemplo, hace un mes recibieron la orden de no difundir informaciones en sus redes sociales sobre este tema. Su objetivo era silenciar lo que allí estaba pasando como se dice en el informe que se elaboró. En ese día, el pasado 20 de septiembre, hubo registros y detenciones en las oficinas de la Generalitat. Pero, algún directivo decidió que allí no sucedía nada importante. Y una vez más, los trabajadores lo denunciaron. Calificaron esta censura previa de “intento de manipulación” y de “un ataque a la libertad de expresión”. 

 

Entendemos, por tanto, que la directriz de no difundir contenidos informativos desde esas redes no solo coarta la libertad de expresión, si no que supone un grave caso de manipulación por parte de la dirección de la empresa.

 

La dirección de RTVE no es ejemplo de una línea editorial plural 

Por lo que supongo, tras estos meses y ya años de lucha, deben de haberlo “flipado”, cuando se está barajando intervenir TV3 en aplicación del polémico del artículo 155 justificándolo con los anteriores argumentos. Deben de haber pensado aquello de en “casa de herrero, cuchillo de palo”. Pero, lejos de dichos populares lo que esconde es un enorme cinismo e hipocresía del Gobierno de Rajoy. 

Lo peor es que habrá muchos que aplaudan esta medida, aunque, no deje de ser una barbaridad más, algo que por desgracia ya nos tienen acostumbrados. Estaría justificado si fueran un modelo de pluradidad, pero, como dice el comunicado de los Consejos Informativos de RTVE les falta coherencia para ello, cuando no predican con el ejemplo. Mientras tanto, la polémica ya está servida cuando el propio director de TV3, Vicent Sanchis,  ha asegurado que no acatarán la decisión del Gobierno, porque se creo en virtud de una ley del Parlament y de una estatal. 

 

Si el 155 s’aplica així com està plantejat, que ja ho veurem, els càrrecs que quedarien qüestionats són els que depenen directament del govern, però la CCMA té un consell de govern escollit directament pel Parlament i el Parlament no ha estat destituït ni intervingut. 

Si el 155 se aplica así como está planteado, que ya veremos, los cargos que quedarían cuestionados son los que dependen directamente del gobierno, pero la CCMA tiene un consejo de gobierno elegido directamente por el Parlamento y el Parlamento no ha sido destituido ni intervenido.

 

 

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Foto: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Vicent Sanchis, director de TV3

 

Los sindicatos,  el Gobierno no tiene credidibilidad para defender una información sin manipulación

Y en esto, los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, también, lo tienen claro. Ambos han emitido un comunicado conjunto en apoyo de los trabajadores de TV3. En este pronunciamiento llegan más allá que los Consejos de Informativos. Directamente hablan de falta de credibilidad ante los numerosos llamamientos al orden de la Asamblea Parlamentaria del Parlamento Europeo, entre otros. Es más, afirman que el Partido Popular no permite una información veraz, objetiva y plural allí donde gobierna y les recuerda que es una obligación esencial de cualquier democracia respetar el trabajo de los profesionales. 

 

Una opinión libre es obligación esencial de todo Estado de derecho y que el Partido Popular y el Gobierno Central se caracterizan por incumplir reiteradamente, afectando así a la calidad de la democracia.

 

Así que visto lo visto, no parece que el Gobierno central tenga la autoridad legítima para secuestrar un medio de comunicación público con una plantilla de más de 2.000 trabajadores, aunque, haya periódicos que lo cuestione por el número de personas que la componen. Y aseguren que están al servicio de las ideas del Govern en vez del derecho a una información veraz, plural y objetiva. Parece que no quieren ver su viga en su ojo.


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