Delitos económicos, delitos rentables

Autor: Tax Credits
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Más de 1.100 investigaciones está realizando la policía nacional contra la delincuencia económica en este 2014. En principio parece un trabajo eficaz, y lo será, pero la realidad es que en este tipo de delitos se engloba la corrupción, y esto es harina de otro costal. Ya que son muy pocos los delincuentes que acaban en la cárcel por esta cuestión. Las pesquisas previas se alargan durante años, y la propia Unión Europea reconoce la opacidad en la toma de decisiones y en las explicaciones que hay que dar. España se ha convertido en un país corrupto reconocido por sus socios de la Comunidad, debido al boom inmobiliario, la financiación de los partidos y la presencia de los políticos en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro. El 95% de los españoles considera que la corrupción es generalizada.


Durante lo que va de año la Policía Nacional ha iniciado más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica. Han sido  unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, la receptación y fraudes al ente público y contra la propiedad industrial. Datos llamativos que me da pie a preguntarse una serie de cuestiones, cómo si estos números han aumentado en los últimos años o no, por ejemplo, cuántos de estos presuntos delincuentes han acabado en la cárcel, cuánto dinero se recupera…

De la misma información se desprende que en Europa los delitos económicos representan algo más del 1% de la delincuencia, pero genera más del 50% del coste de la actividad criminal. Por tanto, esto es,  que este tipo de delitos son lo demás rentables que existen. Sus estafas son millonarias. Será España en este sentido líder europeo, veremos.

Corrupción

Vayamos por partes, uno de los delitos  que más escandalizan a los ciudadanos y que se engloba dentro de esta categoría es  es la corrupción.  De hecho, en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas se sitúa en el tercer puesto en cuanto a las preocupaciones de los españoles. Un porcentaje que lleva creciendo desde hace meses. El punto de inflexión se produjo en diciembre  de 2012, pasando de un porcentaje más o menos estable entorno al 9,5%  al 17,2% por el Caso Noos  y en dos meses esta tasa alcanzó el 40%, debido a la relación que establecieron los medios de comunicación entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy.

En este sentido, según fuentes policiales  desde 2010 hasta ahora se han iniciado 306, 67 en este año,  21 de ellas en Cataluña, liderando estas comunidad a nivel nacional. Se han detenido a 104 personas en todo el territorio, y un 21% pertenecen a la región catalana. 

Es más, el delito más investigado en este ámbito ha sido el cohecho, la mitad de las investigaciones, seguido de malversación, prevaricación y el tráfico de influencia. Todos ellos, protagonizados, lógicamente, por políticos y funcionarios.

Y de estos millones robados del heraldo público tan sólo se han recuperado 19 millones de euros. Una cantidad algo ínfima teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los ERES de Andalucía se calcula que el fraude pudo llegar a los 136 millones de euros, según la prensa nacional.

Comparativa por años

La propia Fiscalía General del Estado reconoce la dificultad por establecer unos datos comparativos por la complejidad de las investigaciones en las que suelen intervenir varias instituciones, unido a que las causas se prolongan durante años, incluso, a veces, es una tarea ardua definir que casos se incluyen en la tipología de corrupción. Para este órgano la línea divisoria está en la propia naturaleza de los infractores, es decir, que catalogan como corruptos aquellos servidores públicos que se han servido de su posición para delinquir.

En su informe anual de 2013 recoge que las sentencias relativas a casos de corrupción se incrementaron desde 2010 a 2012 en un 151%. La prevaricación administrativa representó un 44% de los casos enjuiciados y la malversación un 39%.

Imagen procedente del Informe 2013 de la Fiscalía del  Estado
Gráfico procedente del Informe Anual de la Fiscalía General del Estado

 

Situación 2013

Cómo ya hemos visto es difícil encontrar datos concretos sobre los delitos económicos. Tanto es así que la propia Fiscalía Anticorrupción reconoce en las últimas memorias de actividad publicadas en 2011 dice literalmente:

“Una vez más debemos lamentar que a día de hoy no dispongamos todavía de un sistema informático integrado que nos permitan reflejar de una forma clara y precisa las estadísticas de nuestra Sección. Únicamente el celo (y a veces el denodado esfuerzo de algunos compañeros que como el de Badajoz han creado un Libro Registro de Delitos Económicos) de los Fiscales, permite un acercamiento no del todo fiable en su exactitud, a la evolución de la delincuencia en la materia”.

Aún así buceando en la red, he hallado datos de 2013 que la prensa nacional recogía el pasado 25 de abril de ese mismo año. Y que los compararemos con los de 2014. Así los tribunales investigan 1.661 casos por corrupción política y financiera, de los cuales 302 son catalogados como macroprocesos.

Estaban siendo tramitados por 798 juzgados. Y en esta información se recogía una queja del Consejo del Poder Judicial donde  se proponía para agilizar estos largos procesos, que se dilatan en el tiempo, nombrar a 64 jueces de  refuerzo, junto a 18 secretarios más y 150 funcionarios de distintas categorías. Hablan de sobrecarga de trabajo.

 

Causas

En cuanto a las causas, según se recoge en dicho estudio, el origen parece estar en la corrupción urbanística en los ayuntamientos. Puesto que es un campo propicio para la comisión de este tipo de hechos delictivos: están en juego licencias de edificaciones, recalificaciones de suelo, entre otros cuestiones. Por otro lado,  la Fiscalía Superior de Andalucía llega más allá, y las atribuye literalmente a otros factores como la gestión de fondos públicos y la posibilidad de obtener dinero a través de las subvenciones, aludiendo de manera indirecta a uno de las casos más escandaloso como es el de los Cursos de Formación. También, lo atribuye a la opacidad en estos trámites burocráticos.

También, introduce un apartado especial a la venta de las preferentes y a la deuda subordinada. Esto es,  a los tejemanejes de las Cajas de Ahorro  donde en sus consejos de administración estaban desde representantes políticos a sindicales, y que han provocado la ruina de miles de pequeños ahorradores.

 

En el contexto europeo

De momento, España se consolida como unos de los países europeos  con mayor corrupción. Lo dice la Comisión Europea en un su primer informe sobre este asunto publicado el 3 de febrero de este mismo año. Tanto es así que que este estudio recoge que el 95% de los españoles considera que la corrupción es generalizada, frente a la media europea del 77%.

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Y no es para menos, teniendo en cuenta que la corrupción cuesta a las arcas de la Unión Europea 120.000 millones de euros al año. Por ejemplo, en este sentido  sólo en Alemania este tipo de delincuencia ha costado 4.000 millones. Sólo el fraude relacionado con el IVA superó los 193.000 millones de euros.  En cuanto a las cantidades defraudadas en la Seguridad Social en España en 2014 ascienden a 111 millones de euros. Uno de cada 3 europeos declara haber sido víctima de delitos económicos.

En lo referente a las prácticas corruptas en nuestro país habla del desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública. Es decir, coincide con el citado anteriormente informe de la Fiscalía del Estado, y añade el capítulo oscuro de la financiación de las formaciones políticas. Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total ascendía a 227 millones de euros, algo posible, teniendo en cuenta que los Consejos de Administración estaban llenos de representantes de los partidos.

En 2012 y 2013 se reforzaron las normas sobre financiación, por ejemplo obligando a notificar las donaciones superiores a 50.000 euros y se prohibieron las condonaciones de deuda de más de 100.000 euros anuales. Medidas que Bruselas considera insuficientes.

En lo referente al boom de la construcción, se recoge que en 2011 se incoaron 1.754 procesos judiciales y se dictaron 408 condenas. Aproximadamente cerca de 700 municipios de los 8.000 que conforman nuestro país se vieron afectados por casos de esta naturaleza entre 2000 y 2010, mientras que en los últimos tres años 19 alcaldes de todos los colores políticos han sido detenidos por cargos de corrupción.

Y un  dato bastante significativo entre 1996 y 2009 los medios de comunicación de hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios. Y eso que aún no habían saltado a la luz pública los grandes casos como el del tesorero del PP Luis Bárcenas o el de la familia Pujol.

Viñeta de JR.MORA
Viñeta de JR.MORA

Finalmente,  en relación  a la eficacia del Gobierno ante casos de corrupción, España se sitúa a partir del puesto 14 entre los países de la UE. Es decir, España está por detrás de los grandes países de la UE y los nórdicos. Sólo supera a los del este y se sitúa en el contexto de Grecia, Portugal o Malta.

Sin olvidarnos que en el estudio que la ong Transparencia Internacional sitúa España en el puesto 40º por estas cuestiones, de los grandes países europeos tan sólo supera a Italia que ocupa el 69º, ni siquiera está por detrás de Portugal que se ubica en el puesto 33º.

Dinero recuperado por Hacienda por fraude fiscal

Aunque son ámbitos distintos de actuación, pero, para tener una visión más global de este problema, hay que distinguir entre las actuaciones policiales relacionadas con los delitos económicos y las actuaciones del Ministerio de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal. Así, en este caso se refiere a actuaciones en las aduanas o dinero debió aparecer en las declaraciones, y sus respectivas multas administrativas. En este caso,  las cifras se disparan, y esos 19 millones nos parecen insignificantes.

Para entenderlo mejor, en las últimas Memorias Anuales de la Agencia Tributaria de 2012, nos encontramos que en su lucha contra los delitos por fraude detectados por por este organismo 102 eran por blanqueo de capitales. Esto es que de las irregularidades investigadas por la policía, lo más lógico que el dinero de los delitos derivados por cohecho se tenga que blanquear, y aquí, Hacienda tiene mucho que decir.

 Penas de cárcel 

Y el dato más desolador de los que hasta ahora hemos visto, tan sólo el 1% de los acusados por delitos económicos acaba en prisión cumpliendo condena. Dicho de otro modo, 615 de los 64.000 reclusos que están en la cárcel lo están este tipo de infracción, según los datos que maneja la Agencia Tributaria.

De esta ínfima cifra, se deduce que  87 están  por blanqueo de capitales, 300 por apropiación indebida, 50 por alzamiento de bienes, otros 150 por delitos contra la Hacienda Pública, 12 por fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, otros 12 por contrabando,  4 por delitos societarios y 200 por delito fiscal en primer o segundo grado.

Las penas van desde 1 a 5 años, y los que se vean agravados por pertenencia al crimen organizado de 2 a 6 años, según el Código Penal.

Conclusiones

Al final la realidad es obstinada y siempre sale a la luz, a tenor de estos números está claro que en España parece muy barato delinquir en cuanto a lo que se refiere a los delitos de corrupción. El panorama es desolador, sobre todo, cuando tan sólo un 1% van a la cárcel por esta causa. Incluido hoy el ex-alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que dormirá esta noche en la prisión de Puerto Real.

Parece que ante la saturación de escándalos políticos nos hubiéramos inmunizado, y ya  poco nos indignan, y si lo hacen será por unos días.Cada día aparecen casos nuevos, y cada vez más graves, se dilatan tanto en el tiempo  y son tantos que la opinión pública olvida de que se trata. Es prácticamente imposible seguir las investigaciones, y acabamos perdiéndonos. Buen ejemplo de ello es la Gurtel y Barcenas.

De nuevo, hace pocas horas que se ha sabido que el juez Ruz recibió un informe de la Agencia Tributaria donde se reconoce que el Partido Popular financió las obras de su sede con dinero de la caja B, concretamente, 1,7 millones de euros en total. Lo curioso, y por si no habíamos caído en la cuenta, el partido que está en el Gobierno.  Sin embargo, no rueda ninguna cabeza más, tan sólo la del ex-tesorero.

Eso sí,  todos somos conscientes de la putrefacción de las instituciones públicas, y de la limpieza necesaria en ellas .No basta con dimisiones o expulsiones de los partidos sino que tienen que pagar en cárcel y devolver lo robado. Es ahí, donde está el punto débil. Y por supuesto, llegar hasta el final porque da la sensación que los que pagan de alguna manera son las cabezas de turco, no llegando al meollo de la trama. Con unas investigaciones llenas de trabas políticas y falta de medios, recordemos el caso del juez Elpidio Silva que ha acabado inhabilitado y Blesa, de momento, en la calle.

Referencias

(1.) Nota de prensa policía nacional

(2.). Cis

(3.) Informe de criminalidad Ministerio del Interior PDF

(4.) Comisión Europea inglés

(5.) Transparencia Internacional PDF

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2 Comentarios on "Delitos económicos, delitos rentables"

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